Primer Lugar en el Concurso Internacional de Rescate de Valores de la CEPAL, OLACEFS
Organizado por: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior
Diciembre 2013
Concurso: "Cómo generar incentivos para que el personal de las EFS predique con el ejemplo al interior de sus instituciones".
La lucha contra la corrupción es una preocupación de los todos los países en el mundo y para atenderla se han tomado iniciativas de relevancia internacional las cuales se explican en el siguiente vídeo.
Un auditor se encuentra ante un acto de corrupción si éste cumple con los elementos de incentivo, oportunidad y racionalidad; mientras que las violaciones a la integridad, corresponden a aquellas acciones que incluyen fraude, desperdicio, abuso, irregularidades, actos ilegales y actos de incumplimiento.
Asimismo, el auditor puede ser contratado para prestar servicios vinculados con actos de corrupción o violaciones a la integridad, que pueden ser de carácter preventivo, para lo cual procederá a revisar los mecanismos de control,
El mal de la corrupción aqueja a todos los países de Iberoamérica, y lastimosamente Costa Rica no es la excepción; es por ello que en los últimos años se ha incrementado la normativa e instrumentos tendientes a luchar contra la corrupción en la función pública. Se destaca la Convención interamericana de lucha contra la corrupción de los países miembros de la OEA, que fue ratificada por Costa Rica, y a partir de ella se promulgó la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública que introdujo una serie de reformas e instrumentos tendientes detectar y sancionar actos de corrupción al ordenamiento jurídico costarricense.
El presente artículo pretende explicar el rol que posee la figura del Servicio Civil en la construcción
del Estado democrático, abierto, transparente y sin corrupción en la región centroamericana.
En los últimos años la lucha contra la corrupción y la demanda de transparencia y rendición de cuentas de parte de los ciudadanos se ha incrementado, y para poder satisfacer estos requerimientos es necesario que los Estados implementen múltiples acciones.
El Cuaderno Centroamericano El servicio civil como un instrumento para promover la transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en Centroamérica analiza el papel de los Servicios Civiles en la lucha contra la corrupción de los países en Ce
En este documento se analiza el rol que poseen figuras relevantes, pero que no siempre son abordadas cuando se habla de lucha contra la corrupción, como lo son el Sistema de Control Interno Institucional, la atención de denuncias y el rol que juega la auditoría interna para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción.
En el año 2002, se aprueba en Costa Rica la Ley General de Control Interno, la cual viene a darle rango legal a una filosofía de ya larga data; en este punto, se hace necesario recordar que el Sistema de Control Interno nace en el seno de la empresa privada con la necesidad de establecer mecanismos para garantizar la transparencia y el acceso a información idónea de la empresa hacia terceros; que posteriormente, la filosofía del control interno se traslada a la esfera pública, con el fin de garantizar los principios de eficacia y eficiencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de la administración hacia los ciudadanos.
La ética en la función pública esta íntimamente relacionada con la corrupción en la función pública. La corrupción es el deterioro de la ética pública. El siguiente vídeo reflexiona sobre este tema.
Este artículo de investigación pretende analizar el poder de influencia de los grupos de interés económico desde una perspectiva distinta al tradicional enfoque de su participación en el mercado, esto es, desde la óptica de su poder de influencia en la gestión pública, con lo cual estaríamos ante lo que se conoce en la doctrina de la ética pública como conflicto de intereses. Comienza el texto delimitando las figuras de interés, influencia y poder para pasar a la idea que tanto la doctrina como los tribunales de justicia costarricenses tienen de los grupos de interés económico, y asimismo analizar la vinculación entre estos y el poder público, tomando en consideración que su poder de influencia va más allá de las esferas económicas, pudiendo generar conflictos de interés cuando la actuación de un funcionario público se vea nublada por intereses personales.
La redacción del informe de investigación de un acto de corrupción, corresponde a una parte vital de la investigación de estos hechos, ya que recopila los principales resultados del estudio.
De tal manera, que su redacción debe ser clara, sencilla y coherente, de forma que le permita a un tercero que no ha participado del estudio conocer los hechos acontecidos, las faltas cometidas y el daño patrimonial causado.
Para ello se recomienda al auditor que debe redactar este tipo de investigaciones seguir una estructura de seis fases, que son: Párrafo de introducción, Lista de investigados, Descripción de los Hechos, Análisis de la Teoría del Caso, Análisis de la responsabilidad civil, Descripción de la prueba aportada y Párrafo de cierre.
Primer Lugar en el Premio a la Investigación Pública, emitido por el ICAP, en el marco del XVI Foro Centroamérica, Panamá y República Dominicana en la Función Pública.
Concurso: “Derecho de Acceso a la Información Pública. Herramientas para la Gestión de la Transparencia y la Rendición de Cuentas”.
Organiza: Instituto Centroamericano en Administración Pública
Julio de 2012
El presente documento pretende analizar y compartir una de las primeras experiencias generadas en la lucha contra la corrupción en la función pública costarricense, luego de la aprobación de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función públicaen ese país. Para comprender el caso, se inicia con un segmento de antecedentes de la lucha contra la corrupción en Costa Rica, citando tanto los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales como las instituciones sobre quienes se les ha delegado esa función.
En este documento se analiza la lucha contra la corrupción, a partir de los mecanismos e instrumentos jurídicos y administrativos implementados en los países latinoamericanos para luchar contra la corrupción. Se inicia con los mecanismos deontológicos de aplicación de la ética público como los: Educación en ética y valores, código de ética pública y códigos de conducta, el Sistema Nacional de la Ética Pública, adecuados sistemas de control interno, la auditoría de la ética. Además, se estudian los instrumentos preventivos como las leyes de
La corrupción es un mal que aqueja a la sociedad costarricense cada vez con más fuerza, razón por la cual en los últimos años se han introducido reformas importantes en la normativa vigente y mecanismos tendientes a detectar y sancionar los actos de corrupción.
Dentro de dichos mecanismos se encuentra la declaración jurada de bienes y la potestad sancionatoria otorgada a la Contraloría General de la República sobre las faltas vinculadas con este instrumento; no obstante, de la evaluación de los resultados de estos procedimientos -que se explicaran con detalle más adelante-, se concluye que la labor sancionatoria realizada por el órgano contralor ha estado enfocada a las faltas formales de la declaración, y no así a las faltas sustantivas o de fondo, que constituyen los verdaderos actos de corrupción.
Ante esta situación surge la necesidad de realizar la presente investigación, que inició con la revisión del desarrollo de la evolución histórica que han tenido las declaraciones juradas en la normativa costarricense desde 1949, cuando se incluyó el deber de declarar de parte de ciertos funcionarios públicos en la Constitución Política aprobada en ese año, y en la Ley Nº 1166 denominada Ley de Declaración Jurada de Bienes en los Funcionarios Públicos, del 14 de junio de 1950.
La presente investigación tiene como objetivo de estudio la corrupción, pero desde su perspectiva preventiva bajo un enfoque de derecho administrativo, lo cual, le brinda novedad dado que los estudios que imperan sobre este fenómeno poseen un enfoque represivo, siendo escasos los esfuerzos para abordarlo desde la óptica preventiva.
Junto al derecho administrativo se desarrolla un enfoque de administración pública, puesto que se plantean instrumentos jurídicos, pero también mecanismos administrativos como herramientas para prevenir la corrupción.
Se desarrolla el marco teórico-conceptual, para lo cual se recurrió al estudio de la doctrina y las referencias de mecanismos implementados en Chile y Uruguay, tomados como sistemas más avanzados de los cuales se pueden extraer lecciones aprendidas.
En el presente artículo se resumen los principales resultados obtenidos por la Contraloría General de la República, en virtud de los procedimientos administrativos disciplinarios abiertos bajo su potestad sancionatoria por faltas vinculadas con la declaración jurada de bienes.
Se analizan tópicos como los procedimientos iniciados, las causales que originaron su apertura, las sanciones aplicadas y lo resuelto en segunda instancia.
El objetivo del presente artículo es describir las normas que regulan el instituto de la denuncia en el sector público, detallando las leyes aplicables, y las principales garantías y características como medio de participación ciudadana, deber de los funcionarios públicos e instrumento en la lucha contra la corrupción pública. Lo anterior con la finalidad de exponer las principales regulaciones aplicables a la denuncia, lo cual es de interés tanto para posibles denunciantes, sean ciudadanos o funcionarios públicos, como para los órganos y funcionarios encargados de recibirlas y tramitarlas a fin de realizar esta labor con apego al ordenamiento jurídico.
Adjunto encontrarán el video de la presentación del panel Tendencias éticas en la toma de decisiones gerenciales en Costa Rica, presentado en Santiago de Chile, en noviembre del 2016.
Este documento pretende dar a conocer los delitos vinculados con la función pública que posee el ordenamiento jurídico costarricense y que procura sancionar las conductas lesivas al interés público. Para alcanzar dicho objetivo se enlistan los principales instrumentos que regulan esta materia tanto a nivel internacional como lo son: Convención Interamericana contra la corrupción, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; así como a nivel nacional, que son: el Código Penal Código Penal, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos.
